Dolarización, Desigualdad y Deterioro Ecológico en Ecuador (2000–2024): Revisión Teórica Integradora del Caso Ecuatoriano

Resumen

Desde el año 2000, la dolarización ha sido el eje de la política económica ecuatoriana, generando estabilidad de precios pero conviviendo con pobreza, desigualdad y presión sobre los ecosistemas amazónicos. El estudio analiza la realidad socioeconómica y ambiental del Ecuador durante el período comprendido entre el año 2000, inicio de la dolarización y el año 2024, abarcando así veinticuatro años de transformaciones estructurales. El análisis se centra en tres dimensiones principales: la estabilidad económica alcanzada mediante la dolarización, la persistencia de la pobreza y la desigualdad, y el deterioro ambiental, en especial en la Amazonía. La investigación adopta un enfoque integral que permite comprender la interacción entre estos factores y su influencia en el desarrollo nacional. Para ello, se realizó una revisión teórica apoyada en diversas corrientes de pensamiento económico y social, complementada con información estadística proveniente de organismos nacionales e internacionales. Este análisis permitió evaluar los cambios económicos, sociales y ambientales experimentados por el país durante las últimas dos décadas. Los resultados evidencian que la dolarización logró controlar la inflación y brindar estabilidad macroeconómica, pero no solucionó problemas estructurales como la informalidad laboral y las desigualdades sociales. Asimismo, la economía ecuatoriana continúa dependiendo de la exportación de materias primas, situación que limita la generación de valor agregado y aumenta la vulnerabilidad frente a crisis externas. Además, la contracción económica registrada en 2024 estuvo asociada a problemas energéticos, de seguridad y a la dependencia petrolera. En el ámbito ambiental, la Amazonía presenta elevados niveles de deforestación y pobreza, reflejando una relación desequilibrada entre explotación de recursos y desarrollo local. En consecuencia, se destaca la necesidad de fortalecer las instituciones, diversificar la economía, promover energías renovables y garantizar una gestión sostenible del territorio amazónico.